jueves, 1 de noviembre de 2012

Recolección de firmas para no reelección de congresistas

Recolección de firmas para no reelección de congresistas
HALLOWEEN O EL CULTO AL DIABLO Y A LA MUERTE

Los celtas eran una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivía en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia, 300 A.C. Y la celebración de Halloween era un festival que celebraban los celtas, señalando el principio del invierno (Cavendish).

Estas sociedades druidas adoraban y servían a Samhain, dios de la muerte. Cada año, el 31

de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samhain, brindándole sacrificios animales y humanos.

El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas.

Los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales. Disfrazados de fantasmas, espíritus y brujas, iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas Samhain, para brindarle su honor y sacrificios.

Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gusto con los obsequios, ellos le hacían el TRICK o truco a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a la hija doncella, matando su ganado o poniéndole enfermedades en la familia. Este es el origen de la frase “Trick or Treat”.

Después de haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas, ofreciendo en ellas sacrificios humanos o animales para adorar a su dios.

Ese día los druidas llevaban consigo un nabo hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal, que representaba a un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usado como linterna por los druidas cuando iban de casa en casa por la noche.

Cuando esta práctica llegó a América, los nabos no eran tan abundantes, pero lo remplazaron por un vegetal nativo. ¿Adivinas cuál es?: la calabaza.

Estas “fiestas” se fueron incorporando poco a poco a nuestras festividades hasta convertirse en fiestas populares, teniendo su mayor auge en E.U. y otros países de América Latina, introduciendo de forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivadas del culto a Satanás..

Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre, en E.U., Francia, Irlanda, y en muchos otros países, se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista.

La noche de Halloween es reconocida por todos los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para los brujos y brujas.

Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al cristianismo, y decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos.

En los Estados Unidos y otros países del mundo, Halloween es la fecha en la que más niños desaparecen, también se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas, también regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para drogas.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Sentencian a familia por demanda de minera Yanacocha Imprimir Correo electrónico

El día de hoy 29 de octubre de 2012 en la provincia de Celendín en la abandonada región Cajamarca, se leyó la sentencia contra la Familia Chaupe, denunciada por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad. Cuatro miembros de esta familia fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha y se les ordenó que en un plazo de 30 días abandonen el predio para ser ocupado por la minera.
Foto: integrante de la familia Chaupe con los golpes recibidos por la policía en mayo de 2011.
Fuente: Caballero Verde
Llama la atención que la Sentencia no tenga ninguna rigurosidad jurídica y que no exprese objetividad, pues solo se ha basado en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad. Igualmente la sentencia ha considerado como únicas pruebas para sentenciar, las inspecciones realizadas por la policía y la fiscalía en las que se acredita que la familia Chaupe estaba asentada en el predio, sin embargo el elemento fundamental que se debió acreditar es que la empresa minera era la real poseedora del terreno, situación que no se pudo comprobar a lo largo de la investigación. Por último el Ministerio Público se centró en defender la propiedad de la empresa minera respecto a este predio, sin embargo en este proceso no se discute ese tema sino la posesión del bien, habiendo así incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia.
La Sentencia fue apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.
La sentencia fue recibida por los inculpados en medio de lágrimas y la desesperación de la madre de esta familia, Máxima Acuña Atalaya, la llevó a sufrir un súbito ataque nervioso que la mantiene a esta hora internada en el hospital de Celendín.
En el siguiente video se muestra como la policía y la fuerza de seguridad golpean a la familia Chaupe y encima les denuncian:


Como se recordará esta familia tiene un predio denominado "Tragadero Grande" ubicado en Sorochuco el cual está dentro de la concesión del proyecto minero Conga. La familia poseía este terreno desde el año 1994 teniendo sus títulos de posesión otorgados por la Comunidad campesina de Sorochuco.
En Mayo del 2011 la empresa minera Yanacocha sorprendió a esta familia presentándose en su terreno con maquinaria pesada pretendiendo realizar una trocha carrozable, aduciendo que ese predio era de su propiedad y que lo habrían comprado en el año 2001 directamente a los directivos de la comunidad. Con títulos de propiedad en la mano intentaron desalojarlos violentamente con sus fuerzas de seguridad y policía privada, les destruyeron su precaria choza donde vivían, los golpearon e incluso se llevaron sus humildes enseres con la finalidad de obligarlos a irse del lugar.
La familia resistió este ataque, y aun sin vivienda y a la intemperie se quedaron en su terreno por cuanto no tenían a donde ir. Sus familiares y vecinos los ayudaron proveyeron de una carpa y comida para poder resistir en el lugar, e incluso meses después los ayudaron a construir nuevamente una pequeña vivienda. La familia Chaupe denunció ante la fiscalía de Celendín a la empresa minera por este ataque y por intentar usurpar su propiedad, pero el Ministerio Público archivó su denuncia.
La empresa minera no se quedó tranquila e intentó hasta en tres oportunidades desalojarlos nuevamente de manera violenta de esta propiedad sin embargo la familia se resistió. Por este motivo Yanacocha interpuso una denuncia por supuesta usurpación de su propiedad por parte de los Chaupe. La Fiscalía de Celendín quien había desestimado la denuncia de la familia Chaupe esta vez sí admitió y formalizó la denuncia de la empresa minera, por lo que se inició un proceso penal contra los Chaupe que el lunes llegará a su fin con la Sentencia que se les dictará.
A lo largo del proceso ha llamado poderosamente la atención la actuación del Ministerio Público quien no se ha limitado a defender su acusación sino que de manera airada, impetuosa y hasta agresiva ha defendido a la empresa minera Yanacocha (más que su propio abogado), tratando de generar por todos los medios condiciones para sentenciar a esta familia acusándolos una y otra vez de ser usurpadores, pese a que ni él ni la empresa lograron presentar pruebas suficientes para acreditar que Yanacocha sea la real posesionaria de este predio.

martes, 30 de octubre de 2012

Sabor a Tierra Robada.

Jaime Chaupe Lozano es un agricultor sorochuquino nacido el 1 de abril de 1960. En 1994, junto a su esposa Máxima Acuña adquirieron tierras para cultivo y pastoreo en el caserío de Chugurmayo, en el sector conocido como “Tragadero Grande - Las posadas”, en el distrito de Sorochuco. Los predios fueron comprados a Esteban Chaupe

Rodriguez (Chogopampa).
Sin embargo, en la medida que la actividad agrícola demandaba un traslado frecuente hacia las zonas de mayor producitivad, dependiendo de la época de sembrío, la familia Chaupe, descuidó los linderos de una amplia extensión de tierras, que alcanzan las 27 hectáreas.
Uno de esos descuidos tuvo como resultado que, en setiembre de 2010, la empresa Minera Yanacocha construyera una trocha de acceso que atravesaba el terreno de la familia. Enterado de lo ocurrido, Jaime Chaupe presentó, en enero de 2011, un reclamo a las oficinas de la minera, sin obtener nunca respuesta.

Ante esta situación, la familia entera decidió establecerse de manera permanente en el lugar, para defender las tierras que aseguran les pertenecen. “Nosotros tenemos documentos que nos amparan donde quiera que vayamos. Si no tuviéramos documentos, o si en realidad mi papá y mi mamá lo hubieran vendido... vergüenza tuviéramos, señor, de estar en este terreno…”, me cuenta Isidora Chaupe (hija de don Jaime).
Esto no impidió que, el 22 de mayo de este año, un escuadrón de 30 policías, custodiando a los representantes de Minas Conga (la filial de Minera Yanacocha), en particular al ingeniero cajamarquino Guillermo Rómulo Silva Silva, interviniera en un primer desalojo,
Según relatos de los agraviados, el contingente utilizó la fuerza desmedida contra los miembros de su familia —doce personas, incluidos los niños—, para finalmente destruir los linderos y desmontar la choza en la que vivían.

El 22 de mayo, la familia campesina quiso interponer una denuncia por estos hechos violentos, pero no fueron atendidos sino hasta el día siguiente.

La demanda interpuesta llegó recién el 25 de mayo hasta la Primera Fiscalía de Celendín, pero en ese lapso ocurrió uno de esos "milagros" propios al corrupto sistema judicial peruano: los denunciantes pasaron a ser denunciados, por el delito de “usurpación, daños y perjuicios contra Minera Yanacocha”
“Minera Yanacocha es una empresa respetuosa de la ley y realiza siempre sus mejores esfuerzos por mantener la paz y tranquilidad con nuestros vecinos...”, dice la multinacional minera en un escueto comunicado difundido a algunos medios locales que le son adictos (fáciles de identificar).

“Las camionetas pasaban y volvían a pasar por la carretera que está dentro de nuestro terreno... y, después, en el campo han hecho su plataforma. Y allí llegaban las camionetas, se estacionaban y de allí nos miraban", relata Isidora. Y el lunes 8 de agosto, "a las 6 de la tarde, esperando que se haga de noche nos atacaron”, agrega, contando la violencia que se desató durante un nuevo intento de desalojo.

Lo ocurrido ese anochecer hubiera podido quedar ignorado, hubiera sido la palabra de Isidora contra la de la transnacional, de no ser un celular que blandió la joven y de cuyo manejo no estaba bien enterada. Con él registró lo que pudo de la intervención y, en un momento, una escena escalofriante: la madre de Isidora (doña Máxima Acuña) desmayada en la pampa, los niños golpeados, asustados y llorando. Es así como la minera intento lograr sus fines, sin contemplaciones y al amparo de la oscuridad.

El martes 9 de agosto, esta vez a las 6 de la mañana, el contigente policial armado y los funcionarios de la minera volvieron nuevamente al lugar, esta vez para culminar el desalojo, destruyeron la choza rehabilitada, rompieron bienes y enseres, cuyos restos inexplicablemente fueron llevados a bordo de una camioneta.

En el comunicado de Yanacocha se lee: “De acuerdo con la Ley, y en defensa de nuestra propiedad, luego de dialogar con los invasores de manera pacífica y sin violencia ni agresión física o verbal de las partes, se procedió a desarmar la choza –construida hace 5 días en la propiedad de Yanacocha- y levantar un acta dando cuenta de las pertenencias encontradas, para luego hacerlas llegar a la comisaría de Celendín”.

“Eso es totalmente falso, nunca ha habido un diálogo... Vienen agresivamente a insultarlo a mi papá…, traen a Fiscalía y dicen que hay que salir primero del terreno para que haya diálogo...”, continúa su historia Isidora Chaupe. “Por eso es que ahora él (se refiere al Ing, Guillermo Rómulo Silva) no se presenta, manda a otros... Nosotros donde quiera que nos vayamos, donde quiera que nos haga llevar, primero vamos a pedir que él nos enseñe la firma de mi papá y mi mamá, a ver si han vendido nuestros terrenos”.

Yanacocha en otra parte del comunicado, dice: “Es necesario precisar que, contrariamente a las declaraciones vertidas en algunos medios, dichas personas recién levantaron la choza el lunes 8 de agosto del presente año, por lo que no es cierto que estaban viviendo con anterioridad en la zona. De acuerdo con la información recibida por la empresa, dichas personas tendrían como domicilio regular el caserío de Amarcucho, en el distrito de Sorochuco”.

“Nosotros tenemos nuestras chozas antiguas y tenemos cimientos de casa... y todo lo que ha hecho mi papá”, refuta con indignación Isidora, a la vez que clama por apoyo, porque sienten que están solos frente a una multinacional.
“En primer lugar quisiéramos que nos arreglen todos los daños y perjucios que han hecho en nuestro terreno... Han venido acá a maltratarnos. Tengo un tío inválido, que no tiene un brazo, a él también lo han lastimado. Que nos devuelvan lo que nos han llevado. Y si queremos esos terrenos lo venderemos…, pero si no queremos no lo vamos a vender a la mina”, finaliza.

Sea como sea, por más potestad sobre la tierra tenga el agricultor y su familia, o por más dueña sea la empresa Minera Yanacocha, nada, absolutamente nada justifica actuar con los métodos violentos que se ha empleado. Aquí hay que procurar también hacer entender que la Policía Nacional, es justamente Nacional y no “Privada”, palabra que en este caso no significaría “privación” o “privada de decisión”, no quisiéramos saber por qué. Los derechos de la persona son el máximo valor que se debe respetar.
Frente a tropelía consumada ya se han pronunciado diferentes personalidades y organizaciones que defienden la vida, porque no hay que esperar a que ella esté en inminente riesgo para rechazar este tipo de vejaciones. Se han pronunciado por ejemplo la actriz Magaly Solier y el escritor Alfredo Pita, así como otros activistas que ven con mucha preocupación estas primeras señales negativas en un momento teñido de esperanza.

La empresa responsable de los desmanes cierra su comunicado con esta frase para la histeria: “Para Yanacocha es prioritario mantener siempre buenas relaciones con nuestros vecinos, de respeto mutuo y en búsqueda constante del desarrollo sostenible en su área de influencia". Sin comentarios.
Las tres reformas vienen de afuera Imprimir Correo electrónico
  Guatemala
El viernes 12 de octubre, un día después de la novena en Totonicapán, el Ministro de Energía y Minas entregó al Congreso de la República un documento para reformar la Ley de Minería. Esa es otra imposición. Los grandes señores entran sin preguntar. Son abusivos. No dan ninguna validez a las 61 consultas comunitarias donde cerca de un millón de personas han dicho que no quieren minas que intoxican y contaminan. La vida no les interesan, menos los pueblos.
Por Tania Palencia Prado publicado por Comisión de Paz y Ecología COPAE
Ya la gente sabe que las minas solo dan trabajo a unos pocos y también ha comprobado que provoca enfermedades, que se roba y contamina las fuentes de agua y que trae más conflictos que beneficios. Aún así los ministros de energía y minas insisten en reformar esta ley argumentando que es buena para el desarrollo, pero eso es mentira: lo que quieren es solo dinero. Se estimula más a las mineras que a la economía de los pueblos. Toda la política económica del Estado se basa en fomentar las industrias extractivas. ¿Acaso presentan leyes para elevar el salario mínimo o para reforzar el mercado de alimentos o para resolver los conflictos de tierra? No, a los grandes señores los Pueblos no les importan. Se ponen muy serios y todavía se atreven a regañarnos por ser tontitos y supersticiosos con la minería.
Los pueblos indígenas y los demás pueblos de Guatemala quieren otro desarrollo muy diferente al que se ofrece con las mineras. Quieren financiamiento y servicios técnicos baratos para sus cultivos, quieren mejores precios, mejores mercados para sus productos y también quieren decidir sobre los precios y los mercados. Sueñan con empresas que den dignidad al trabajo y con sus propias empresas. Exigen la aplicación de los convenios internacionales para decidir su propio desarrollo y hay también una propuesta de ley, donde organizaciones campesinas, pensando en sus comunidades, demandan un desarrollo integral.
¿Por qué le importa tanto la minería al Estado? Primero, porque los gobernantes prefieren hacer alianzas con los ricos de afuera que con los pueblos de adentro. La minería es un negocio de trasnacionales. Ellas entran, socavan, despojan y se llevan los metales y minerales porque los venden con jugosas ganancias. Y segundo, porque gobierno tras gobierno prefieren buscar unos pocos impuestos más de las mineras que aplicar una verdadera reforma fiscal, donde con justicia social se exija que paguen más tributos los que más rentas ganan.
La minería es un remolino para hacer alianzas públicas y privadas, una política mundial apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que busca acuerdos sólo entre empresarios. Ahora quieren reformar la ley minera para cobrar una pizca más a las trasnacionales y para facilitar alianzas con los monopolios nacionales. Las reformas ni siquiera mejoran los controles ambientales y crean un Consejo Minero con la función de *"armonizar las regulaciones" *atreviéndose a dar una silla a las industrias extractivas. Eso se llama pérdida de soberanía.
Igual sucede con la reforma educativa. Su viento lo soplan de afuera. La reforma educativa cree que la educación de maestros es una carga, por eso la entregan a universidades privadas. La necesidad de más educación y más escuelas ni siquiera es analizada, menos la necesidad de salud y alimentación de los escolares y de sus familias, ni toman en cuenta la educación para fortalecer la economía de las comunidades rurales. Su solución es muy fácil y es para otros fines: decidir que el Estado se ocupe sólo de *"sacar gratis"* a bachilleres para vayan a trabajar a las trasnacionales que están entrando al país.
Según la Ministra de Educación no hay nada de malo en que los maestros se formen de a poquito pagando su universidad, porque según ella hay muchos maestros. Estamos frente a una reforma maliciosa porque se atreve a definir un nuevo perfil de ciudadanía anulando de hecho a la actual Ley de Educación Nacional, pero mantiene deprimida la atención a la demanda de más educación pública. A esta reforma también la empujan de afuera y en América Latina ha sido propiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Esta reforma es perfecta para los negocios chapines que quieren abrir universidades pagadas por todos lados. Por eso ponen los 5 años en la carrera docente: para abaratar el ya bajísimo gasto público en educación.
Y en las reformas constitucionales también se cuela un viento colonialista muy parecido a todo este tufo mercantil: disminuyen los derechos de los pueblos indígenas. El paquete de reformas a la Constitución se cuida de no declarar como oficiales los idiomas de los pueblos originarios y, como bien lo han denunciado las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, borran de la Constitución la obligación que tiene ahora el Estado de reconocer y promover la organización social de los pueblos indígenas: sus autoridades, sus alcaldías.
¿De qué se trata este huracán de reformas? ¿Qué podemos aprender? Una enseñanza es que están abriendo brecha sin pedir permiso para instalar nuevos negocios que buscan mayor control sobre el trabajo y sobre el territorio de los pueblos. Pero la lección mayor consiste en darnos cuenta que no se puede mejorar la vida de los pueblos si se permite que otros tomen decisiones despreciando las necesidades y las propuestas que nacen de los mismos pueblos. La educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la economía son asuntos que deben ser consultados a los pueblos. Eso se llama democracia. En el Consejo de Pueblos se dan el valor de tomar decisiones y sostenerlas. El desarrollo que se está imponiendo busca dólares que se van volando después de agravar la pobreza y destruir montañas, playas y ríos.
Los partidos políticos que no se metan a sacar agua para su molino y, si hacen algo, que hagan algo bueno: escuchar a los pueblos porque no quieren que sus bancadas aprueben esas tres reformas en el Congreso de la República.
Minas de Corrales se sumerge Imprimir Correo electrónico
Latinoamérica - Uruguay
Martes 30 de Octubre de 2012 12:43
En Minas de Corrales trabaja la primera mina subterránea mecanizada del Uruguay. Mameluco anaranjado, casco rojo con portalámpara, lentes transparentes, guantes blancos con pintitas de goma negras, tapabocas, tapones para los oídos, autorrescatador ajustado al cinturón, botas amarillas y negras con puntera de metal que hacían que caminar fuera un ejercicio físico en toda regla. Abajo, la oscuridad, el encierro y un atuendo por demás particular para el que no está acostumbrado.

Fuente: El Observardor
Cerquita de Minas de Corrales, departamento de Rivera, se trabaja bajo tierra. La apuesta de la empresa Orosur Mining por una mina subterránea hecha por la mano del hombre se intensifica en un emprendimiento único en Uruguay.
Orosur comenzó a operar en esa zona ubicada a unos 450 kilómetros de Montevideo en 1997 con exploraciones a cielo abierto, al igual que lo hicieron los aventureros franceses e ingleses de finales del siglo XIX. Estos también aprovecharon algunas minas naturales del lugar. Aquella experiencia se extendió hasta 1920 y provocó que se construyera la primera represa hidroeléctrica de América del Sur –la de Cuñapirú– con el cometido de procesar el mineral que sigue causando deleite en todo el mundo: el oro.
Los aerocarriles por los que se transportaba el material de estudio a la represa aún se mantienen en pie. Al igual que ese negocio por el que Orosur exporta anualmente un promedio de US$ 74 millones. Para el resto del planeta puede parecer poco, pero no para Uruguay. Con esa idea, y en vistas de un precio del oro que está por las nubes y que permite hacer inversiones –la onza troy de oro (31,1 gramos) está en US$ 1.700–, la empresa apostó por la minería subterránea.
El proyecto que contó con una inversión de US$ 30 millones arrancó en febrero de 2011 y un año más tarde ya se encontraba en funcionamiento. La mina subterránea se excavó en el mismo lugar donde antes hubo una mina a cielo abierto conocida como Arenal. Esta, como la de San Gregorio y Santa Teresa, es una de las canteras más importantes de la zona. Como es característica en el área, bajo tierra también se encuentra más plata que oro. Pero claro, el metal dorado paga más.Por mes, la mina subterránea produce 700 onzas, alrededor de US$ 1,5 millones. Para llegar a esa cantidad, los operarios trabajan intensamente y en condiciones, a primera vista, que generan escozor. Por la rampa de dos kilómetros que serpentea en forma de ocho las galerías de cinco por cinco metros, se puede ingresar a pie o en camioneta.
Mejor en esto último. Unos 100 metros adentro se puede visualizar en toda su expresión el trabajo de un minero. La luz sobre el casco resulta una ayuda clave. Hay iluminación, pero es mínima. Hay ventilación, pero no evita la sensación de encierro. Para Ignacio Figueroa, uno de los geólogos de Orosur, la experiencia es muy enriquecedora, mucho más que trabajar al aire libre.
El calor allí debajo alcanza en ocasiones los 35 °C. Los operarios siempre andan con botellitas de agua. El ruido puede complicar cuando están los camiones o las palas cerca. O una máquina que va abriendo boquetes en la roca para generar agujeros adecuados donde colocar explosivos. Unos se llevan las piedras de donde se extraerá el oro –1,3 gramos de oro por tonelada de piedra– y los otros van abriendo camino para buscar más minerales.
Previo a eso se hace un estudio para saber dónde se encuentran las zonas mineralizadas a través de lo que se llaman testigos: cilindros perfectos de roca, extraídos a través de una máquina que se conoce como diamantina. Ese tubo es llevado al laboratorio. Una mitad queda para análisis y la otra para archivo.
Los trabajadores, muchos de los cuales son extranjeros, deben seguir una serie de obligaciones en torno a la seguridad. "Deben saber los peligros a los que se exponen", aseguró Verónica Lay, técnica prevencionista. "La peor catástrofe para nosotros sería un incendio" más que los derrumbes, contó. Para cualquier emergencia existen las brigadas de rescate, que acudirían ante cualquier foco de fuego, derrumbe o pérdida de gas, pero también se espera que el trabajador tome recaudos más allá del atuendo obligatorio para bajar a la mina.Debe saber que hay salidas de emergencias, que ante un problema puede activar el gas mercaptán, un efluvio con olor a huevo podrido que brinda una señal inequívoca de peligro; y que cada 50 metros se ubican unos refugios personales para permitir el paso de vehículos. Se insiste, además, en evitar el polvo y usar tapabocas. El peligro de padecer silicosis, la enfermedad en los pulmones provocada por el polvo, no se atenúa por el continuo riego del piso de las galerías. Por cierto, los charcos allí abajo se suceden y las pesadas botas cobran un valor trascendental.
El oro que allí se extrae y el de las canteras a cielo abierto, luego de pasar por el proceso electrolítico, se funde el día de transporte cuando arriban los camiones de seguridad para ser llevados rumbo a Suiza.
La barra de metal que se transporta para el país europeo está compuesto por 60% de oro y 40% de plata, comentó Juan Lacerda, gerente de la minera San Gregorio de Orosur.
Para Lacerda, quien contó que en la empresa trabajan 450 personas de forma directa –el doble indirectamente–, es clave seguir invirtiendo para no perecer en el negocio. "Se necesita mucha reinversión para explorar, si dejamos de hacerlo le ponemos fin a la minería". Agregó que una mina tiene una vida de cinco años y que es mucho más rentable que cualquier otra actividad del campo.
De cualquier modo, la actividad minera tiene altos costos. Tanto como gastar 21 mil litros de gasoil al día, como mantener un personal que trabaja día y noche, como el 5% del precio de exportación que deben abonar al Estado más otros impuestos.
También está el costo que deben asumir para preservar el medioambiente.
Orosur, que llegó a rediseñar el curso del arroyo Corrales, utiliza cianuro para separar el oro del resto del material rocoso. Para la eliminación de este producto contaminante, usan unas represas en las que vierten químicos para su disolución.
Esa represa, en la que antes se trabajó el mineral, es parte de un proceso donde el ecosistema deberá quedar lo más parecido a como estaba: el agua deberá ser reutilizada para otros menesteres, mientras que en la gran piscina se coloca primero una geomembrana, luego arena, arcilla, piedra y por último tierra. Allí debe florecer otra vez una pradera. En Orosur aseguran que todo va en línea de lo que exige la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Allí se concreta el cierre de la operación, oro mediante.
Contraloría advierte sobre impactos ambientales en 7 megaproyectos Imprimir Correo electrónico
  Colombia
Cansada de las críticas sobre su gestión, la contralora Sandra Morelli decidió poner en el ojo del huracán a siete megaproyectos que se están realizando en estos momentos. El Emisario Submarino de Cartagena, el traslado del Río Ranchería, la zona minera del Cesar, la restricción de minería en páramos, la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, el saneamiento del Río Bogotá y la licencia ambiental de Cerro Matoso, se encuentran en observación por la Contraloría.


Problemas ambientales detectados en las auditorías, informes técnicos, seguimientos especiales, indagaciones preliminares, controles de advertencia y procesos de responsabilidad fiscal, ponen en duda el desarrollo de estas obras. Los impactos que tienen estas obras contribuyen con el detrimento de las aguas, del aire, entre otros más. "La Contraloría General de la República (CGR) hace el análisis responsable, objetivo sobre la realidad de la problemática en el país, por eso hacemos esta advertencia", dijo el vicecontralor, Carlos Felipe Córdoba.
Lo cierto es que cada uno de estos proyectos no pueden ser sancionados o multados por la CGR. Pero las copias de cada uno de estos informes fueron enviadas a la autoridad ambiental para que tome cartas sobre el asunto. El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales evalúan los problemas.
"Nosotros no podemos tomar alguna determinación, pero dentro de nuestra función ya pusimos en conocimiento de las autoridades esta problemática para que determinen y sancionen a los que fallen", afirmó Córdoba.
Por ahora la CGR se encuentra realizando más investigaciones. "Hay otros casos con problemas ambientales en el Túnel de La Línea, en la explotación de oro, en contaminación de ríos por derrames de petróleo, por tala de árboles", puntualizó la contralora.
Vertimientos ilegales en el Emisario Submarino de Cartagena
El desarrollo del proyecto del Emisario Submarino de Cartagena se vienen desarrollando, desde septiembre del año pasado, visitas para analizar la problemática que presenta esta obra. La CGR ha realizado dos visitas técnicas, en las que ha evaluado y verificado los contratos operacionales y de construcción sobre la firma constructora. Se detectaron sobrecostos adicionales en las obras ya que se tuvieron que construir 1.400 metros de tubería más. También se han presentado vertimientos de agua al mar que no están contemplados en la ley.
Inconveniencia social y ambiental al trasladar el Río Ranchería
La empresa minera Cerrejón lidera el proyecto que pretende trasladar 26 kilómetros y la parte de dos afluentes del Río Ranchería, con el fin de poder extraer más de 80 millones de toneladas de carbón de la zona. Las preocupaciones de la CGR sobre esta obra es que se ha presentado una falta de transparencia sobre los estudios técnicos y ambientales presentados. También se advierte sobre la inconveniencia de correr los ríos en zonas semidesérticas, como La Guajira, sobre las grandes cantidades de residuos mineros y sobre la afectación a la salud pública.
El Quimbo tendría efectos por más de $350.000 millones
La CGR anunció que luego de seis meses de indagación preliminar se detectó que habría un daño ambiental en el departamento del Huila, donde se adelanta el proyecto, que costaría más de 350.000 millones. Emgesa, que realiza las obras, ha sido indagada por la CGR por posibles costos en la afectación a la movilidad, así como también por la pérdida de la productividad de la tierra, por los vertimientos de material al río Magdalena, por incumplimientos en la realización de revegetalización y por retrasos en la restitución de empleos asociados a las zonas productivas.
Saneamiento del Río Bogotá
La CGR también advirtió sobre posibles irregularidades en el proyecto de saneamiento del Río Bogotá ya que habría dudas en las fuentes de financiamiento de la iniciativa, debido a que estas no cuentan con soportes financieros, presupuestales, técnicos y legales suficientes. La contralora, Sandra Morelli, también informó que habría una afectación a los recursos públicos por la afectación, operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo de Canoas por US$81,1 millones, sumado a los $32.799 millones de la construcción y a los $122.785 millones por la operación de estas durante 25 años.
Adicional a esa problemática, el órgano de control considera que los estudios contratados por la Eaab no cuentan con un análisis completo de la problemática del desarrollo del proyecto.
Cerro matoso deberá solicitar nueva licencia ambiental
Cerro Matoso, que explota la mina de níquel más grande del país, se encuentra operando con un permiso ambiental otorgado por la CAR de Córdoba. Según la Contraloría, ese contrato no se ajusta a las necesidades ambientales del país, por tal motivo es necesario que la compañía solicite una nueva licencia que le permita operar normalmente. Dentro de los problemas que detectó la CGR está la contaminación del aire, la incertidumbre por lo que pasará con el lugar cuando se acabe la explotación minera y problemas en las corrientes de agua.
Zona minera del Cesar afecta el ecosistema
El departamento del Cesar es uno de los principales productores de carbón en el país y el desarrollo de la industria minera a su alrededor ha sufrido fuertes críticas en los últimos años. Basada en esa premisa, la CGR considera que hay incertidumbre sobre los efectos que tiene la minería a cielo abierto en las aguas subterráneas, también dice que se presenta una contaminación de aguas superficiales, que hay daño en el aire y que esta problemática contribuye a aumentar los indicadores de cambio climático.
Con estos problemas, Morelli envió cartas al Ministerio de Ambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, quienes son la autoridad en el tema, para que, basados en estos estudios, tomen una determinación y se preocupen por los impactos negativos que se están produciendo en el medio ambiente.
Restricción al desarrollo minero en páramos
El Páramo de Santurbán es una de las áreas protegidas por la autoridad ambiental para que en la zona no se puedan realizar operaciones mineras sin control La CGR ha advertido que la empresa Leyhat, que tiene un contrato de explotación en el lugar estaría operando en el área protegida. "Teniendo en cuenta la necesidad de proteger de manera especial las zonas geográficas que requieren atención por parte de los entes gubernamentales, se hace indispensable que la autoridad ambiental haga cumplir las normas nacionales".
Las opiniones
Sandra Morelli Rico
Contralora General de la República
"Hay otros casos con problemas ambientales en el Túnel de La Línea, en la explotación de oro, en contaminación de ríos por derrames de petróleo, por tala de árboles, entre otros".

Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Vicecontralor General de la República
"Queremos expresar es que la Contraloría General de la República no actúa con ligereza. Todos los funcionarios deben tener una experticia para llegar a estas conclusiones".