Proyecto minero Conga ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en Audiencia de Buenos Aires

• El Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L han sido denunciados ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en su Sexta Audiencia Pública de Buenos Aires, Argentina por el proyecto minero Conga.
• Los demandantes los acusan de “amenazar medio ambiente y del derecho humano al agua de los habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín” y solicitan “la suspensión definitiva del proyecto”.
• El viernes 9 de noviembre el jurado procederá a dictar veredicto sobre el caso.

Miércoles, 7 de noviembre de 2012- La denuncia ha sido presentada por el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y por la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).
En su demanda, Sergio Sanchez Ibañez y Mirtha Vasquez, representantes de Grufides han señalado que, según el propio Informe de Impacto Ambiental presentado por Yanacocha y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas del Estado Peruano, el proyecto minero Conga tiene previsto “la pérdida inminente de lagunas naturales, la afectación de más de 680 manantiales y la modificación negativa de varios ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y flora en la región de Cajamarca”.
Los demandantes han subrayado que “la zona prevista para la explotación se encuentra  en la cabecera de cinco microcuencas, entre las que están la del río alto Jaribamba y la del río Chailhuagón, cuyas aguas desembocan en el Amazonas”. Han señalado que “en el área del proyecto se encuentran además diversas lagunas como Perol, Azul, Mala, Chica, Mishacocha, Mamachocha o Alforjacocha”, de las cuales “cuatro se vaciarían: dos para extraer minerales de su base y dos para ser utilizadas como depósitos de desmontes”.
Los demandantes han señalado que “el plan de mitigación de la empresa de reemplazar estas cuatro lagunas naturales por reservorios artificiales rompería drásticamente el ecosistema hídrico andino” y además “la propiedad del agua en los reservorios artificiales pasaría a ser propiedad de la empresa”. También han indicado que “el estudio de impacto ambiental solo  contempla a 32 comunidades, cuando en realidad hay 210 comunidades”.
Para argumentar la presunta inconsistencia del Informe de Impacto Ambiental de Yanacocha, Grufides se ha hecho eco de estudios independientes realizados por hidrogeólogos internacionales como Robert Moran o Javier Lamban, por el Colegio de ingenieros de Cajamarca o por el propio Ministerio de Medio Ambiente.
Además, los demandantes han indicado que “para alimentar la actividad minera se va a bombear más agua (1.364.400 litros/hora) de la que se puede tratar (233.000 litros/hora), por lo que la actividad minera desecharía aguas residuales”.
“El temor de los habitantes de Cajamarca- han señalado- proviene de la experiencia vivida por la operación durante 17 años de la misma minera (integrada actualmente por  compañía de Minas Buenaventura (CMB), Newmont Minig Corporation (Newmont) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial)  en Cajamarca en donde han demandado que  “los cerros que captaban el agua ya no existen, ha habido importantes derrames tóxicos y han desaparecido completamente afluentes, ríos y lagunas”.
Por último, los demandantes han hecho hincapié en   “la criminalización de la protesta social” y en “las trabas jurídicas que han encontrado en las instituciones de justicia peruanas a la hora de presentar sus alegatos”. En este sentido, Grufides ha demandado que “la justicia en Perú está polítizada” y ha solicitado al Tribunal que declare Fundada la demanda, por  violación al derecho al Agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado y requiera “la suspensión definitiva de la explotación del proyecto minero Conga”.
Por su parte, La minera Yanachocha ha señalado, a través de un comunicado, que “desconoce la jurisdicción del Tribunal”, a lo que el Tribunal ha contestado que se fundamenta en principios y normas internacionales vinculantes y que tal decisión no comprende el propósito de la Audiencia, que es buscar soluciones a las controversias hídricas.
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado porPhilippe Texier, miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero, la Dra. Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense resolverá el caso, emitirá veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública este viernes 9 de noviembre de2012 a las 15.30 (hora argentina).