Actividad minera contaminó en 70% aguas de cuenca Poopó

Actividad minera contaminó en 70% aguas de cuenca Poopó

El investigador del Instituto de Hidráulica, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA, de La Paz), Andrés Calisaya, informó el viernes que la contaminación de las aguas en la cuenca Poopó se debe, en 70%, a la actividad minera, mientras que el restante 30% responde a fenómenos naturales. Fuente: Jornadanet "Cuando hablamos de la contaminación natural se da por la disolución de los subsuelos, las rocas, que por el contacto con el agua liberan ciertos químicos que se da en menor escala, un 30%. La actividad minera contamina en un 70%", anotó. Un encuentro internacional de hidrología del Altiplano se realizó entre jueves y viernes en Oruro. Calisaya reveló que hace 10 años se inició la primera fase de un programa de post grado para profesionales y la investigación de las aguas de la cuenca del Lago Poopó. En la primera fase del programa se instaló una serie de estaciones meteorológicas en las subcuencas del Lago Poopó, lo que permitió colectar información que fue procesada para generar balances hídricos. Además se hizo un monitoreo de la calidad de aguas. Consultado sobre las observaciones del Instituto de Hidráulica respecto del análisis del agua de la cuenca del lago Poopó afirmó que se evidenció la presencia de metales pesados en índices que sobrepasa la norma actual, siendo el origen la contaminación generada por la actividad minera además de la natural. Segú n el experto, "la situación es preocupante porque se enfrenta un cambio climático que significa que se tendrá menor cantidad de agua disponible para los diferentes usos". PDH responsabiliza a las fuerzas de seguridad por masacre de Totonicapán   Guatemala Jorge De León, procurador de los Derechos Humanos, condenó que el Gobierno utilice a las fuerzas del Ejército para disolver manifestaciones, como la de Totonicapán, que dejó ocho muertos y 30 heridos. Fuente: Prensa Libre En conferencia de prensa, el magistardo dijo que los derechos humanos de los campesinos fueron violados. Señaló como responsables a las fuerzas de seguridad del Estado, y a los miembros castrenses de los hechos ocurridos el 4 de octubre último, donde resultaron ocho personas muertas y 34 lesionados por proyectiles de arma de fuego. El magistrado de conciencia declaró violación del derecho humano a la vida e integridad de las personas muertas y heridas en el enfrentamiento, exigió a las instancias encargadas de persecución penal y administración de justicia realizar funciones que por mandato de ley les corresponde, para determinar responsabilidades en la cadena de mando en las fuerzas de seguridad y el Ejército. De León recomendó al presidente Otto Pérez que modifique los protocolos de diálogo del Gobierno, y que los sustituya por mecanismos que promuevan acciones de igualdad y equidad. El procurador reiteró su compromiso de defensa y derechos humanos de la población, también solicitó al Gobierno que se inicie las gestiones de resarcimiento de las víctimas. Militares detenidos por disturbios en Totonicapán rendirán declaración mañana El coronel Juan Chiroy y ocho soldados capturados por los disturbios violentos que dejaron seis muertos y más de 30 heridos en Totonicapán pasarán la noche en el cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala. Coronel y ocho soldados fueron remitidos a los tribunales de justicia. El Coronel Juan Chiroy fue señalado como el principal responsable de los hechos. MP público indica que jefe de los militares huyó y dejó a los militares sin mando.    El juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, les dio a conocer el motivo de su detención y programó la audiencia de primera declaración para este viernes a las 9 horas, mientras tanto permanecerán recluidos en la base militar de la zona 17 capitalina. La fiscal General, Claudia Paz y Paz, señaló en conferencia de prensa al coronel Juan Chiroy como principal responsable de los hechos cometidos hace una semana, ya que no coordinó las acciones con la Policía Nacional Civil, llevó a sus hombres a una distancia no recomendada (500 metros del punto de la manifestación) sin verificar que existiera una ruta de escape. "Cuando identificó situación de riesgo no se comunicó con el mando policial, a quienes les hubiera podido pedir auxilio. Lo más grave: abandonó a su tropa y dejó sin mando a las fuerzas de seguridad y miembros del Ejército", afirmó la fiscal general, al señalarlo como responsable, por su posición de garante en las acciones. Foto derecha: soldados durante su detención. Foto izquierda: Fiscal General, Claudia Paz, informa sobre las pesquisas efectuadas en Totonicapán. ( Prensa Libre: Erick Avila) De acuerdo con los informes de balística y evidencias, el MP determinó que ocho personas utilizaron sus armas de fuego. El Ministerio Público imputará los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa a los soldados Dimas García Pérez, Abner Enrique Cruz Pérez, Ana rosa Fernández Aguilar y al coronel Juan Chiroy. En virtud de que existe evidencia gráfica de que Manuel Lima Vásquez disparó contra los ciudadanos, se le sindicará de ejecución extrajudicial consumada, al igual que a Edin Agustín Vásquez, ya que el informe forense hace corresponder su arma con el fragmento balístico que se localizó en una de las víctimas mortales. Los resultados del informe médico forense de los seis fallecidos durante el incidente indica que dos personas recibieron el impacto de bala por la espalda y cuatro de frente, en el abdómen. La pesquisa determina que seis personas murieron a causa del enfrentamiento y los dos que perecieron posteriormente no tienen relación con los hechos. Los militares fueron retenidos por la institución, en tanto el Ministerio Público tramitaba las órdenes de captura. En las próximas horas, los sindicados conocerán el motivo de su detención en un juzgado capitalino. Ayer, el gobernante Otto Pérez Molina anunció que el Ejército ya no intervendrá en protestas civiles y que se revisarán los protocolos de seguridad para escenarios como el de Totonicapán. Equipo de investigación El Ministerio Público destinó distintos equipos para las diligencias de investigación en la escena del crimen, entre ellos 125 agentes de las fiscalías de Derechos Humanos, y las distritales de Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. En la investigación participaron 50 investigadores, 30 técnicos en escena del crimen, 30 representantes de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y 10 de análisis criminal. Como evidencia se recolectó 108 cascabillos de calibre 5.56 milímetros, 89 restos de bombas de gas, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir y 12 fusiles Galil. El ente investigador efectuó 69 informes periciales, se recibió 150 declaraciones y la unidad de análisis criminal procesó cerca de 50 imágenes y videos. Por cuadrante La mayoría de evidencias se seccionó en cinco cuadrantes, en el primero se localizó la mayor parte de la evidencia balística e indicios de sangre, indicó Paz y Paz. En el segundo permaneció el camión quemado, bombas lacrimógenas y sangre, sólo se localizó un indicio balístico. En los tres cuadrantes restantes la evidencia recolectada fue menor. A caballo y a pie: miles en contra de la megaminería Latinoamérica - Uruguay Tercera "Marcha Nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales" con una participación que triplicó la asistencia de la primera. Cerca de 200 jinetes, una docena de carros del sindicatos de clasificadores (Ucrus), tres tractores, decenas de organizaciones sociales y miles de personas de a pie (entre 5 y 8 mil de acuerdo a distintas estimaciones) marcharon en la tarde de ayer por la Avenida 18 de Julio, desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia. Fuente: Chasque.net Los manifestantes, que ocuparon ocho cuadras de la principal avenida céntrica de Montevideo, llegaron hasta la Torre Ejecutiva (sede del gobierno nacional) y luego volvieron a la Plaza de Cagancha, en donde finalizó la protesta. Desde la Coordinación de la Comisión en defensa de la tierra, el agua y los recursos minerales del departamento de Treinta y Tres, se destacó a nivel de difusión una folletería con la transcripción del artículo 47 de la Constitución de la República: "La protección del medioambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente". La primera pancarta decía "Marcha Nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales", y detrás aparecieron docenas, expresando los reclamos y los parajes: "Valentines no se vende". Tampoco faltaron los cánticos del estilo: "La tierra no se vende, la tierra se defiende", ni jóvenes con sus cabezas cubiertas por máscaras anti-gas. Dim lights Embed En la proclama que se presentó desde las 20 horas hubo una multiplicidad de planteos en torno a diversos temas. Desde la Coordinación Nacional de Colectivos Sociales, conformada por 35 grupos de todo el país, se informó la necesidad de consultar a las comunidades afectadas directamente por los proyectos de inversión que de algún modo pueden llegar a interferir con distintas actividades productivas y sociales. Asimismo se resaltó la oposición a los monocultivos de árboles y transgénicos a exportar solo como materias primas. El emprendimiento de minería de hierro a cielo abierto de la Aratirí ocupó un lugar central en la protesta. "El proyecto ya inició la fase de exploración y, si el gobierno autoriza la explotación, la empresa multinacional Zamin Ferrous extraerá 18 millones de toneladas anuales de hierro cuyo destino final es abastecer a la industria del acero en China, India y otros países", se cuenta en parte del material que en la jornada difundió el Movimiento por un Uruguay sustentable. La Coordinación sostiene que "El llamado distrito minero, la zona de exploración y posible explotación, comprende 120.000 hectáreas en los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo, con centro en las localidades de Valentines y Cerro Chato. La zona en cuestión se encuentra hoy dedicada principalmente a la actividad ganadera y equivale a más del doble de la superficie del departamento de Montevideo. También refiriéndose a las técnicas de Aratirí, los manifestantes subrayaron que la empresa india "dice que extraerá hierro pero busca también otros minerales, incluyendo el oro que se extrae utilizando cianuro, tal como se hace actualmente en Minas de Corrales". Junto al riesgo de contaminación de las aguas, que de acuerdo a las organizaciones sociales llegaría a afectar a la cuenca del río Santa Lucía y por tanto a todos los montevideanos, se subrayó que Aratirí utilizará 43.000 toneladas anuales de explosivos, hará desaparecer cerros enteros dejando cráteres de más de 100 hectáreas y al menos uno, en Las Palmas, de 600 hectáreas. La actividad en los alrededores será severamente afectada no sólo por la contaminación de las aguas, sino por "la destrucción de flora y fauna autóctona, y los gigantescos depósitos de rocas y sedimentos descartados (70% del total)". Según Alberto Boga, militante del colectivo "Indignados de la Costa" (departamento de Canelones), "es importante resaltar el apoyo de miles de personas, que no participaron de la marcha, pero desde las veredas de 18 de julio, apoyaron, alentaron, batiendo palmas, en el largo transcurso de la marcha. Todas las franjas de edad participaron: desde hombres y mujeres adultos mayores de 60, 70 y hasta 80 años, hasta miles de jóvenes, muy jóvenes, trabajadores y estudiantes. En la caballada participaron muchas jóvenes mujeres". La marcha "fue un ejemplo de unidad, por encima de la diversidad, en todos los órdenes. una gran respeto y compromiso a los acuerdos logrados". Defensores de lagunas acapampados en Conga superan el millar   Cajamarca Perú El representante del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, Idelso Hernández, señaló que en los últimos días ha aumentado la cantidad de comuneros que se ha desplazado hasta las lagunas Mamacocha y Chailhuagón ubicadas en el proyecto minero Conga. El vicepresidente regional de la región insiste en que se realice un plebiscito sobre el proyecto minero. Comuneros llegaron a las lagunas de influencia del proyecto Conga. (Foto referencial: Archivo El Comercio) Fuente: El comercio "Hasta el miércoles había unas 800 personas, pero ayer por la mañana han ido llegando y ahora hay 1.200 personas encargadas de proteger las lagunas. Los comuneros han decidido permanecer en la zona para impedir que Yanacocha haga traslado de trabajadores y equipos", indicó. Desde el martes, unos 600 policías llegaron hasta las lagunas que están ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero. Hasta el momento no se reportaron incidentes en la zona. PIDE PLEBISCITO El vicepresidente regional de Cajamarca, César Aliaga Díaz, calificó de irresponsable la actitud de la minera Yanacocha al insistir con un proyecto que la gente rechaza. Según adelantó Aliaga, la primera semana de noviembre se realizará la sesión del consejo regional para llevar adelante un plebiscito. "Aunque no tenga un carácter vinculante, servirá para expresar de manera formal la decisión del pueblo de Cajamarca y para que el gobierno exija a la empresa que no continúe las obras", señaló.